El expediente de la demolición de comercios en Azghangane genera una amplia polémica tras la divergencia de versiones sobre la solidez del edificio.
Mientras las autoridades justificaban la demolición por riesgo de derrumbe, una pericia técnica realizada por un ingeniero especializado confirmó que el edificio reunía condiciones de solidez y seguridad, lo que reforzó un acta de inspección oficial que mostraba que los locales estaban abiertos y se explotaban con normalidad.
Los comerciantes afectados afirman haber cumplido sus obligaciones y no estar en situación de litigio, lo que plantea dudas sobre los motivos de la decisión.
Se alzan voces que exigen una investigación administrativa y judicial para determinar responsabilidades, máxime cuando la demolición privó a varias familias de su fuente de ingresos.
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